La catástrofe producto de la necedad colectiva que conocemos popularmente como Brexit ha llegado por fin a la fase de discutir qué hacer con la frontera irlandesa. A priori es un dilema francamente difícil de resolver. Los quinientos kilómetros de frontera entre las dos Irlandas son actualmente una línea en el mapa mucho más que una barrera física. Cientos de carreteras y caminos la cruzan sin ningún tipo de indicación, salvo, en algunos casos, una advertencia del cambio de unidades de medida de velocidad de millas a kilómetros por hora. Pero en la mayoría de los casos, ni eso. El Brexit supone que Irlanda del Norte, como el resto del país, se encuentre fuera de la Unión Europea, y por lo tanto de la Unión Aduanera y el Mercado Común, mientras que la República de Irlanda permanecerá en todas esas instituciones, algo que, necesariamente, supone la existencia de una frontera exterior de la Unión Europea, una expresión neutral que suele ocultar durísimas condiciones para los que están en el lado malo de la línea, como bien saben en Bielorrusia o Marruecos. Bajo la apariencia de los intereses comunes (una frontera cuanto menos rigurosa mejor) se esconden una serie de incompatibilidades básicas que hacen de la raya irlandesa un puzzle casi irresoluble.
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